Autorizar lo que aún no existe

El SDDR español: por qué el plazo de noviembre de 2026 ya no es realista

España debía tener operativo su Sistema de Depósito, Devolución y Reembolso (SDDR) en noviembre de 2026. Sin embargo, el proceso de autorización de su futuro operador lleva meses sin resolverse, y conviene entender por qué.

No es, como a veces se simplifica, un problema de voluntades enfrentadas. Es un problema de secuencia. La Comunidad de Madrid —única administración competente, porque los cuatro candidatos (Ecoembes, Asociación SDDR España, Procircular y CorePET) tienen su sede en Madrid— debe evaluar cuatro propuestas de alcance nacional sin disponer de un marco técnico de referencia compartido con el Ministerio. Ese marco, simplemente, todavía no existe.

El Anexo XIII de la Ley 7/2022 exige a los candidatos describir con detalle una red de recogida, un modelo financiero y unos sistemas de trazabilidad que, en la práctica, solo pueden definirse con precisión una vez autorizado el operador. Es, en cierto modo, pedir autorización para construir algo cuya descripción exhaustiva presupone que ya está construido.

La comparación con Portugal resulta especialmente reveladora. Su sistema, Volta, arrancó el 10 de abril de 2026 tras un proceso que comenzó con su ley habilitante en 2018: ocho años de diseño, diálogo y construcción. España aprobó su marco equivalente en 2022. La diferencia no es de voluntad política, sino de tiempo dedicado a resolver, uno a uno, los mismos problemas que en España siguen abiertos.

La experiencia europea apunta además a dos aprendizajes que el debate español apenas recoge: en torno al 90% de los sistemas de depósito operan con un único operador, porque la eficiencia de una logística inversa nacional así lo exige; y la gobernanza de ese operador —tal y como reconoce ya el nuevo Reglamento europeo de envases (PPWR)— debe incorporar no solo a los productores, sino también a los distribuidores.

Lo que necesita ahora el proceso español no es más presión sobre quien evalúa, sino diálogo técnico entre administraciones, criterios de evaluación compartidos y la implicación activa de los productores en el diseño de la gobernanza del sistema. Asumir que noviembre de 2026 ya no es un horizonte realista no es rendirse: es la condición para poder planificar con rigor lo que viene después.

Puedes leer el artículo completo, publicado originalmente en RETEMA el 26 de abril de 2026, aquí →